El Tribunal Supremo ha reafirmado su postura frente a la regularización extraordinaria de inmigrantes, rechazando tanto la suspensión cautelar del Real Decreto 452/2026 como la remisión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La decisión afecta directamente a más de 600.000 solicitantes y redefine el marco legal de la integración migratoria en España. El fallo refuerza la continuidad del proceso, aunque deja abierta la posibilidad de reversibilidad de los permisos otorgados.
¿Por qué el Tribunal Supremo rechazó la suspensión del real decreto?
El Alto Tribunal consideró que la paralización del proceso perjudicaría a los interesados, manteniéndolos en situación de irregularidad administrativa. Esta condición impide el acceso a derechos básicos: salud, educación, contratación laboral formal y protección social. El Supremo subrayó que la suspensión no era proporcional ni necesaria en este momento procesal.
El argumento central: protección de terceros
La Sección Quinta de la Sala Tercera destacó que los derechos de los solicitantes son intereses legítimos y constitucionalmente protegidos. Interrumpir el procedimiento sin una justificación sólida violaría el principio de seguridad jurídica y el derecho a la tutela judicial efectiva.
¿Qué implica la no remisión al TJUE?
El rechazo a plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea significa que el Supremo asume competencia exclusiva para interpretar la compatibilidad del real decreto con el Derecho de la UE. Esto evita retrasos de varios meses y refuerza la autonomía del ordenamiento español en materia migratoria.
El marco europeo sigue vigente
Aunque no se ha remitido la cuestión, el Supremo reconoce que el real decreto debe respetar los principios de no discriminación, proporcionalidad y efectividad del Derecho de la UE. Cualquier resolución final deberá alinearse con la jurisprudencia del TJUE sobre permisos de residencia y derechos de los nacionales de terceros países.
¿Qué pasa con los permisos ya otorgados?
Los permisos temporales de residencia y trabajo tienen una vigencia de un año y son reversibles. El Supremo dejó claro que su concesión no implica una garantía definitiva. Si el recurso de inconstitucionalidad prospera, los permisos podrían ser retirados, siempre que se respete el derecho de defensa y el procedimiento sancionador.
Reversibilidad no es revocación automática
La reversibilidad exige una resolución motivada, individualizada y notificada. No se aplica de forma colectiva ni retroactiva. El Gobierno debe garantizar mecanismos de revisión objetiva y transparente antes de cualquier anulación.
¿Cuál es el impacto económico y social de la decisión?
La regularización ya ha generado efectos tangibles: más de 320.000 solicitudes presentadas en las primeras tres semanas, según el Ministerio de Inclusión. El sector agrícola, la construcción y los servicios domésticos reportan una mejora en la estabilidad laboral y la recaudación de cotizaciones a la Seguridad Social.
Datos Clave
- El real decreto entró en vigor el 14 de abril de 2026.
- Se estima que beneficiará a entre 500.000 y 700.000 personas en situación irregular.
- Los permisos son válidos por un año y exigen cumplir requisitos de arraigo, empleo y ausencia de antecedentes penales.
- El Supremo ya rechazó medidas cautelares de Vox y la Comunidad de Madrid en mayo de 2026.
- La resolución final sobre el fondo de los recursos podría tardar entre 12 y 18 meses.
El contexto actual muestra una presión migratoria creciente en la UE, con España como uno de los principales destinos. La decisión del Supremo no solo resuelve una controversia jurídica: establece un precedente sobre cómo los tribunales nacionales equilibran soberanía, derechos fundamentales y obligaciones europeas. Desde el punto de vista práctico, el Gobierno debe reforzar los controles de verificación y garantizar la transparencia en la evaluación de cada expediente. Legalmente, la puerta sigue abierta a una futura revisión del TJUE si se plantea una nueva cuestión prejudicial en instancias inferiores o si el Supremo cambia su criterio en la sentencia definitiva.