El juez Juan Carlos Peinado ha ordenado la retirada de todos los pasaportes de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y de su asistente en Moncloa, María Cristina Álvarez. La medida forma parte de un auto dictado el 20 de junio de 2026, previo al juicio ante jurado. Las penas solicitadas oscilan entre dos y 16 años de prisión. El magistrado aprecia riesgo de fuga fundado en la transitoriedad del cargo de su esposo y la posible desaparición de la custodia estatal.
¿Por qué se retira el pasaporte en un proceso penal?
La retirada de pasaporte es una medida cautelar prevista en el artículo 539 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se aplica cuando existe riesgo fundado de fuga, obstaculización de la investigación o reiteración delictiva. No es un castigo, sino una garantía procesal.
El juez Peinado fundamenta su decisión en la naturaleza efímera del cargo presidencial. Al cesar el mandato, desaparece la protección permanente de los Cuerpos de Seguridad del Estado. Esa circunstancia, según el auto, incrementa la posibilidad de evasión.
¿Qué cubre la orden de retirada?
El auto exige la entrega inmediata de todos los pasaportes, sin distinción de nacionalidad ni tipo. Incluye documentos ordinarios, diplomáticos y de servicio. También prohíbe expresamente la expedición de nuevos pasaportes durante la vigencia de la medida.
¿Qué papel juega la asistente en Moncloa?
María Cristina Álvarez no es una testigo ocasional. El juez la vincula directamente con Begoña Gómez mediante una relación personal estrecha y funcional. Esa cercanía le otorga acceso a recursos, información y redes que podrían facilitar una salida del país.
¿Qué dice la jurisprudencia sobre la custodia estatal?
Los tribunales han reiterado que la protección oficial no anula el riesgo de fuga. La custodia de seguridad es un servicio institucional, no una garantía de permanencia. El auto recuerda que los agentes pueden actuar por iniciativa propia o bajo órdenes superiores, lo que introduce incertidumbre en su rol procesal.
¿Cómo afecta esto al marco legal de la responsabilidad penal de personas vinculadas a cargos públicos?
La decisión refuerza un principio clave: la igualdad ante la ley. No existe inmunidad por vínculo familiar con autoridades. La responsabilidad penal individual se evalúa con los mismos criterios que para cualquier ciudadano.
El caso se enmarca en la Comisión de Investigación sobre cátedras y postgrados de la Universidad Complutense. Allí se analizan presuntos favores indebidos entre empresas financiadoras y programas académicos. El contexto económico es sensible: se cuestionan contratos públicos, fondos universitarios y mecanismos de transparencia en la gestión de fondos privados en instituciones públicas.
¿Qué implica el juicio ante jurado?
El juicio se celebrará ante un tribunal del jurado, figura prevista en el artículo 125 de la Constitución. Este sistema se aplica a delitos graves como prevaricación, cohecho o tráfico de influencias. El veredicto depende de ciudadanos elegidos al azar, no de magistrados profesionales.
Datos Clave
- El juez Peinado dictó la medida el 20 de junio de 2026, tras apreciar riesgo de fuga.
- Se retiran todos los pasaportes, incluidos los diplomáticos y de servicio.
- La pena solicitada oscila entre 2 y 16 años de cárcel.
- La custodia estatal no elimina el riesgo: su carácter transitorio es clave en la decisión.
- El juicio se celebrará ante tribunal del jurado, no ante juez profesional.
- La investigación se centra en programas de cátedras y postgrados financiados por empresas privadas en la Universidad Complutense.
El caso tiene impacto económico directo: pone en tela de juicio la integridad de mecanismos de financiación privada en universidades públicas. También activa debates sobre la transparencia institucional, la prevención del conflicto de intereses y la aplicación efectiva del principio de responsabilidad personal en el ámbito político. Desde el punto de vista legal, refuerza que las medidas cautelares se basan en hechos objetivos, no en cargos o estatus social.