Pedro Bestard, vicepresidente del Consell de Mallorca y cargo de Vox, gastó más de 1.700 euros en combustible de un solo coche oficial. El informe de 92 folios revela cinco vehículos oficiales vinculados a su cargo, desplazamientos sin actos institucionales registrados, repostajes en horarios atípicos y gastos como 2.600 euros para una feria de caza en Madrid. La falta de regulación jurídica y las contradicciones en sus declaraciones agravan el impacto ético, económico y legal del caso.
¿Qué revela el informe de 92 folios sobre el uso de vehículos oficiales?
El informe de la Secretaría Técnica del departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes documenta con facturas, correos, registros de repostaje y fotografías un patrón sistemático de uso privado de recursos públicos. Se identificaron 20 desplazamientos sin acto institucional registrado en el Portal de Transparencia. Tres vehículos —Dacia Sandero, Ford Ranger y Subaru Crosstrek— fueron asignados de forma exclusiva sin base normativa. Además, el informe confirma que Bestard ordenó eliminar la rotulación institucional del Dacia y del Subaru, contradiciendo su afirmación de que los distintivos eran “de quita y pon”.
¿Por qué carece de sustento jurídico la asignación de vehículos?
No existe ningún acuerdo de gobierno, orden ministerial ni resolución administrativa que autorice la reserva exclusiva de tres coches. La normativa vigente —Ley 40/2015 del Régimen Jurídico del Sector Público y el Reglamento de Régimen Interior del Consell— exige transparencia, proporcionalidad y justificación funcional. La ausencia de dicha justificación convierte la asignación en una práctica irregular, no en una excepción reglamentada.
¿Cuál es el impacto económico real del caso Bestard?
El gasto directo supera los 5.200 euros solo en conceptos verificables: combustible, rotulación, sustitución de llaves y desplazamientos no justificados. El viaje a Madrid para la feria de caza costó 2.612 euros, incluyendo alojamiento, transporte y dietas. Además, se facturaron 380 euros para recoger un boc balear disecado en Toledo, sin vinculación funcional con las competencias del departamento. Estos montos no incluyen costes indirectos como mantenimiento, seguros o depreciación del parque móvil.
¿Cómo afecta esto al principio de transparencia institucional?
La Ley 19/2013 de Transparencia exige que el uso de bienes públicos sea auditable, razonable y públicamente justificable. El informe evidencia que los registros de uso no coinciden con la agenda oficial. Esto socava la confianza ciudadana y activa mecanismos de responsabilidad ante la Sindicatura de Cuentas y la Comisión de Transparencia. La falta de coherencia entre lo declarado y lo documentado constituye un incumplimiento del deber de veracidad.
¿Qué marco legal regula el uso de vehículos oficiales en Baleares?
La normativa autonómica —Decreto 21/2018 del Consell de Mallorca— establece que los vehículos oficiales deben destinarse exclusivamente a funciones institucionales. Su uso privado es sancionable con responsabilidad patrimonial. Además, el Código Ético de los Cargos Públicos de Baleares prohíbe explícitamente el aprovechamiento personal de recursos públicos. El caso Bestard incumple ambos marcos y abre vía a posibles sanciones disciplinarias o reclamaciones de reintegro.
Datos Clave
- 5 vehículos oficiales vinculados al cargo de Pedro Bestard, aunque solo 3 fueron asignados de forma exclusiva.
- 20 desplazamientos sin acto institucional registrado en el Portal de Transparencia.
- Repostajes dominicales y a primera hora, fuera de horarios funcionales habituales.
- Eliminación deliberada de rotulación institucional, contraviniendo la normativa de imagen pública.
- Gasto no justificado de 2.612 euros en un viaje a una feria de caza en Madrid.
El caso Bestard no es un incidente aislado. Refleja una brecha estructural entre la práctica administrativa y los estándares de integridad pública, rendición de cuentas y eficiencia presupuestaria. Su análisis exige cruzar los datos contables con el marco ético y jurídico vigente. La respuesta institucional definirá si el sistema de control interno del Consell es efectivo o meramente formal.