España no recuperará los residuos radiactivos de Vandellós I desde Francia antes de finales de 2029. El almacén temporal en la planta tarraconense, clave para la repatriación, se retrasa un año en su licitación. La operación acumula ya dos décadas de demora respecto al primer cronograma. El compromiso internacional exige su retorno antes del 31 de diciembre de 2031. El retraso afecta la credibilidad del modelo de gestión nuclear nacional y presiona el cumplimiento del Plan General de Residuos Radiactivos.
¿Por qué se retrasa el retorno de los residuos de Vandellós I?
El proyecto del almacén temporal centralizado (ATC) en Vandellós I depende de una licitación pública que Enresa no abrirá hasta la segunda mitad de 2027. Ese retraso de 12 meses arrastra toda la cadena: construcción (18 meses), pruebas técnicas y autorización operativa. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ya dio su visto bueno, pero la fase ejecutiva se estanca.
El incendio de 1989 marcó un punto de inflexión
El accidente de Vandellós I fue el más grave de la historia nuclear española. Un incendio en el sistema de refrigeración forzó el cierre inmediato. Los residuos de alta actividad se enviaron a Francia por falta de infraestructura nacional. Desde entonces, su repatriación ha sido una obligación técnica y ética pendiente.
¿Qué implica el retraso para la seguridad nuclear nacional?
El retraso no solo es administrativo: expone una brecha estructural. España carece de una solución definitiva para residuos de media y alta actividad. El almacén temporal en Vandellós I no es un destino final, pero sí un paso indispensable para recuperar soberanía sobre los desechos. Su demora alarga la dependencia externa y complica la planificación del almacén geológico profundo (AGP).
La dependencia de Francia genera riesgos geopolíticos
Los residuos están almacenados en instalaciones de Orano, en Béziers. Su permanencia allí implica costes anuales, supervisión transfronteriza y vulnerabilidad ante cambios normativos franceses. Cualquier modificación en la legislación nuclear gala podría afectar el acceso español a los materiales.
¿Cuál es el marco legal que rige la repatriación?
El retorno está amparado por el Convenio de Cooperación Nuclear entre España y Francia, ratificado en 1987. El acuerdo exige que los residuos generados en España sean gestionados en su territorio. El Real Decreto 1836/1999, que regula la gestión de residuos radiactivos, obliga a Enresa a garantizar su custodia nacional. Además, la Ley 25/1964 de Energía Nuclear establece la responsabilidad estatal sobre la seguridad radiológica.
El Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) está en juego
La versión vigente del PGRR (2022–2031) fijaba 2027 como fecha clave para la operatividad del almacén. El nuevo horizonte —2029–2030— pone en duda la coherencia del plan. El CSN ha advertido que los retrasos afectan la trazabilidad y el control de los materiales.
¿Qué impacto económico tiene el retraso?
Cada año de demora supone un costo estimado de 4,2 millones de euros en almacenamiento, transporte y gestión en Francia. Desde 1989, España ha pagado más de 120 millones de euros por la custodia externa. Además, la construcción del almacén en Vandellós I, con un presupuesto inicial de 142 millones de euros, acumula sobrecostes por inflación y reprogramación. El retraso también frena la inversión en tecnología de contención radiológica y en empleo especializado en Tarragona.
Datos Clave
- El accidente de Vandellós I ocurrió en 1989 y provocó el cierre inmediato de la planta.
- Los residuos radiactivos han estado almacenados en Francia desde 1990.
- El nuevo almacén temporal no se licitará antes de la segunda mitad de 2027.
- El retorno está previsto entre finales de 2029 y principios de 2030.
- El plazo límite internacional para la repatriación es el 31 de diciembre de 2031.
- El retraso acumulado desde el primer cronograma supera los 20 años.